El plan de reactivación económica del presidente Iván Duque para hacerle frente a los efectos en la economía colombiana, contempló un par de decretos orientados a la atracción de la Inversión Extranjera. Uno de ellos fue el Decreto 1155 de 2020 por medio del cual se reglamenta la infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala por sus siglas PTEGE.
El decreto definió aspectos como la competencia, otorgando al
mismo ministerio la facultad para determinar la viabilidad de los proyectos
presentados. Determinó la naturaleza de las iniciativas y sus fuentes de
financiación de ámbito privado, público o Público Privadas APP. reconoció la necesidad de coherencia de las
iniciativas con los Planes de Ordenamiento Territorial POT’s, pero no los vio
como un obstáculo, permitiendo a las autoridades locales el reajuste frente a
los intereses de los PTEGE. Así mismo, señaló la necesidad de ajustar las
iniciativas a los determinantes en estudios de impacto ambiental o los estipulados
por las autoridades en materias ambiental, tales como la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA.
Este enfoque ha permitido salir al gobierno en los últimos días
con un discurso anclado en el concepto de “desarrollo sostenible” presentando
el decreto como una herramienta orientada al “turismo sostenible y responsable”.
Fuente: https://caracol.com.co/radio/2020/09/06/nacional/1599419303_716399.html
Frente a esta nueva realidad queda por preguntarse ¿cuáles son los
verdaderos intereses de un gobierno fuertemente criticado por sus políticas en
materia ambiental con este nuevo decreto? ¿Es realmente un giro en el discurso
del partido de gobierno hacia una posición consciente por la protección de los
recursos naturales?
Hay que reconocer algo de cierto en el discurso del gobierno de Iván Duque quien señala que” El turismo es el nuevo petróleo para Colombia”. Tan cierta es esta afirmación como los efectos devastadores que la extracción del crudo ha dejado para el país en las últimas décadas. Con este precedente es necesario informar a la ciudadanía de una verdad que no queremos escuchar los amantes del turismo responsable: “EL TURISMO ECOLÓGICO TAMBIÉN CONTAMINA”.
Seguramente calificaran los promotores de esta ley como una
afirmación sin elementos teóricos o “científicos”, por lo que es preciso recordar
algunos elementos que la revista Semana Sostenible destacó de la
investigación del profesor Liven Fernando Martínez, quien escribió su tesis
de doctorado sobre el turismo en los Parques Naturales Nacionales de Colombia.
Una de las conclusiones a las que llegó es que: “Pérdida de cobertura vegetal por la construcción o ampliación de
senderos, domesticación de especies, alejamiento de la fauna y contaminación
del agua y del aire son algunos de los impactos que se generan por la actividad
turística en zonas de conservación.”.
No se trata de deslegitimar las herramientas que le permitirán a
la sociedad colombiana, vengan del gobierno que sea, la protección sobre los
bienes inalienables tales como la biodiversidad que reside en las zonas en las que
se prevén los PTEGE. Se trata de encontrar los elementos de juicio suficientes
para determinar que tan verde es este discurso, cuando se le compara al turismo
con la extracción de la sangre de la tierra, que ha significado innumerables
desastres ambientales. Es tan cierta dicha afirmación que deja entrever como las
ganancias del rentable negocio del petróleo, se han dirigido de manera
desproporcionada para los inversionistas extranjeros, dejando marginales excedentes
para los locales.
Con esta analogía no causa sorpresa ver al ministro de comercio desesperadamente emitiendo decretos como el 1155 de 2020, en busca de la inversión extranjera que escasea en el país, ante la fuga de esos mismos capitales por la caída del precio del petróleo y la contracción económica global a causa de la pandemia.
Dirán los promotores del decreto que precisamente son los PTEGE un instrumento para reactivar las economías locales tan fuertemente golpeadas por la parálisis del sector turístico. Pero queda mucha duda si realmente las condiciones institucionales son realmente equitativas, como para generan espacios que equiparen la fuerzas en una competencia entre pequeños operadores, municipios de quinta y sexta categoría, comunidades organizadas versus los grandes músculos financieros que caracterizan a los capitales foráneos.
¿A quién le creemos? ¿al gobierno que en campaña nos juró en vano la prohibición del fracking? ó ¿Al discurso del turismo sostenible que promueven los mismos que hoy empiezan el fracking?
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