El 21 de agosto se expidió el Decreto 1157, por medio del cual el
gobierno señaló las reglas tributarias para las megainversiones. Desde el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se ha promocionado esta ley como
una herramienta para la reactivación de la economía frente a los efectos
ocasionados por la pandemia.
El presidente Iván Duque, junto con su ministro de comercio José
Manuel Restrepo y la presidenta de Procolombia Flavia Santorio, han expresado
que la inversión extranjera es la salida a la crisis económica que atravesamos.
Según las cabezas del sector, la inversión es fuente de productividad,
competitividad y generación de empleo. El decreto establece que cada
megainversión, es decir, aquella que ascienda a USD $273.900.000, alrededor de un
billón de pesos, debe generar 400 nuevos empleos directos.
En contraprestación a las megainversiónes los colombianos
otorgaremos una serie de beneficios a los grandes capitales. Gracias a ello,
los megainversionistas podrán despreocuparse por pagar impuestos como el de la
renta presuntiva, el impuesto a los dividendos y al patrimonio. Pero siendo
insuficiente, se les otorgó una tarifa preferencial del impuesto de renta del
27%, así como el beneficio en materia de depreciación por dos años deducibles
de este impuesto.
Los nombres de los impuestos que resulten incomprensibles para un
ciudadano de a pie o educado en otras áreas, pueden ser claramente explicados
por emprendedores que con sus pequeñas y medianas empresas deben cumplir sus
obligaciones sin tratos preferenciales. Los desempleados que pertenece a los 4
millones de colombianos que buscan trabajo, los 16,3 millones de inactivos, y
los 4,1 millones de jóvenes que, por ausencia de oportunidades, ni estudian ni
trabajan según el DANE, se preguntarán : ¿Hay esperanza en los anuncios
optimistas que presentan las megainversiones como la solución a la crisis que
atravesamos?
Nuestra reciente historia nos puede ayudar a responderles. La
política pública que promueve la atracción de inversión extranjera en los
últimos años, nos prometió mayor ahorro, mayor inversión pública en
infraestructura, educación, entre otros, mayores fuentes de empleo, mayor
productividad y en consecuencia mayor competitividad. Pero que no se nos olvide
que durante los años que antecedieron la pandemia, ninguna de esas promesas
fueron cumplidas. Nuestra economía se encontraba estancada y con cifras en materia
de desempleo que llegaron hasta el 12% , déficit en las cuentas públicas, dependencia
en los precio del petróleo y una reforma tributaria “ ley de
crecimiento” que le otorgó a los grandes capitales 9 billones de pesos en
beneficios tributarios.
En conclusión, en plena crisis nunca antes vista en la historia de
Colombia, nos presentan las mismas medidas que han profundizado la desigualdad.
El principio que rige el sistema es el mismo: menos impuestos para el capital y
más impuestos para las personas. Los resultados a esperar serán idénticos o
peores a los que hemos experimentado en las últimas décadas. Mientras no haya
un cambio de fondo que obligue a pagar a quienes pueden pagar, la recuperación
del empleo y la estabilidad económica no será por cuenta de las
megainversiones. La respuesta es accesible a cualquier colombiano que entiende
que de 9 billones de pesos que regalamos en beneficios tributarios, se
alcanzarían a cubrir los 4 billones y
medio que le cuestan al Estado, si quisieran garantizar que nadie esté por
debajo de la línea de la pobreza, en otras palabras, que nadie en este país
sufra de hambre.
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